Se avecina la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tanto a nivel federal como local; por lo que resulta necesaria la capacitación de todos los servidores públicos que integran los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia, sin dejar fuera a la abogacía, cuya asistencia jurídica permite a las personas preservar su derecho de acceso a la justicia.
