Este Protocolo es una herramienta para que los operadores jurídicos del Poder Judicial del Estado de México, en el marco de su función jurisdiccional hagan valer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexiquenses, de manera general como en lo particular; y para los sujetos intervinientes en la procuración de justicia; abogados y abogadas; personas litigantes y aquellas que tienen a su cargo la investigación e impartición de justicia, en su función de investigadores, instructores, defensores y revisores, pues enuncia las medidas que deben adoptarse en cualquier proceso jurisdiccional, apegadas a los derechos individuales y colectivos.
